El Nuevo MAS defiende el derecho del Estado Argentino de disponer la estatización de Repsol- YPF pero exige la nacionalización total y sin pago de la empresa y que sea puesta bajo control de sus trabajadores
En el mediodía del lunes 16 de abril, Cristina Kirchner anunció la “expropiación” de Repsol-YPF. La realidad es que ya hace semanas se veía venir alguna medida de parte del gobierno. El mismo viene presionado por las cuentas fiscales y por la circunstancia que el sistemático vaciamiento de YPF por parte de Repsol ha afectado al tradicional autoabastecimiento energético del país. Así se ha llegado a la escandalosa cifra de prácticamente 10.000 millones de dólares anuales de importaciones energéticas en un país que tradicionalmente gozó del autoabastecimiento en este rubro.
La medida tomada por el gobierno argentino ha desatado un debate internacional. El gobierno de España en manos del Partido Popular de Rajoy ha dicho que “rompe las relaciones de fraternidad con la Argentina”; por su parte, los gobiernos de los EE.UU. por la boca de Hillary Clinton y la titular del FMI, Lagarde, han salido a condenar la medida tomada por la Argentina.
El Nuevo MAS se posiciona contra cualquier amenaza que pueda provenir de parte de gobiernos e instituciones imperialistas, y defiende el derecho del Estado Argentino a tomar las medidas que considere necesarias respecto de sus recursos naturales. En primer lugar, respecto del petróleo.
Es evidente que la privatización de YPF resuelta hace dos décadas por el gobierno de Menem –y que, debe ser subrayado, contó con la complicidad de los propios esposos Kirchner y de muchos de los funcionarios de su elenco- fue una operación escandalosamente vaciadora del patrimonio del país, antinacional, antipopular y antiobrera que, dejando el tendal de decenas de miles de trabajadores petroleros despedidos, entregó los recursos naturales hidrocarburíferos a los pulpos multinacionales como Repsol y, también, a otros grupos capitalistas internacionales y nacionales, los que vienen explotando –y según la nueva ley de “Soberanía Petrolera”, lo seguirán haciendo- parte del petróleo del país.
En este sentido, el Nuevo MAS rechaza cualquier medida o acción de “retaliación” (represalias) que pretendan tomar el gobierno imperialista de España, las instituciones de la Unión Europea, el gobierno de los EE.UU., el FMI o quién sea contra una decisión soberana del Estado Argentino en materia de sus recursos naturales.
Sin embargo, inmediatamente después de lo anterior, queremos ser muy enfáticos en lo siguiente: la propia Cristina ha señalado que la “expropiación” puesta en marcha, no es una verdadera “estatización” y, podríamos agregar, tampoco una verdadera expropiación.
Hay tres hechos a ser destacados acerca de las medidas tomadas por el gobierno y que a medida que se va conociendo mejor la “letra chica” de las cosas, van quedando más a luz.
El primero, es que según el proyecto de ley que se enviará al Congreso, el Estado Nacional se quedará con el 26% de las acciones totales, los provinciales con el 25%, pero la familia Eskenazi conservaría el otro 25%, así como el resto del capital accionario quedaría en manos de la propia Repsol y de accionistas privados en la bolsa. De ahí que el gobierno hable de que “retoma el control y la administración” pero no la totalidad de la propiedad.
El hecho cierto es que según el propio proyecto de ley oficial, la empresa tendrá una característica de corporación con propiedad participada estatal y privada que no da ninguna garantía a futuro sobre su destino ulterior. Esto por no hablar del resto del negocio hidrocarburífero, el que seguirá en manos privadas y sobre el cual no ha dicho nada la presidenta.
Es decir, ni YPF, ni mucho menos el conjunto del negocio hidrocarburífero argentino, pasaran de manera completa y total a manos estatales.
El segundo hecho a marcar es que, según trascendidos, la tasación de las acciones a adquirir de Repsol podrían alcanzar la friolera de los 8000 millones de euros sino más, un escándalo indefendible luego de que Repsol ya se ha pagado con creces su “inversión” (habría pagado hasta 13.000 millones de dólares cuando adquirió YPF en 1999, pero sus ganancias hasta hoy totalizarían los 20.000 millones). Esto último es imposible de ser desmentido, porque es sabido que YPF era para Repsol la “gallina de los huevos de oro” en materia de ganancias.
La realidad es que, la expropiación, para ser tal, debe ser sin cargo, es decir, sin pago, hasta por el hecho adicional de que la nueva YPF requerirá de inversiones para ser realmente viable, y el dinero no puede ser desperdiciado para pagarles a aquellos que usufructuaron los recursos naturales de la nación a lo largo de prácticamente una década y media. No vaya a ser cosa que se les pague a los chupasangres imperialistas de Repsol y se pretenda aumentar el costo de las naftas a los usuarios para financiar las inversiones…
En tercer lugar, esta el problema de los trabajadores de YPF. La historia de las nacionalizaciones burguesas a lo largo de todo el siglo pasado ha sido una que no habla a favor de las empresas estatales por si mismas. La mayoría de las veces terminaron siendo ámbitos de vaciamiento, corrupción y capitalismo de amigos, amen de la falta de inversiones suficientes que han sido su característica.
En este sentido, lo que se impone realmente es la expropiación sin pago de Repsol-YPF y su puesta en producción, si o si, bajo el control de los trabajadores.
Y cuando hablamos de sus trabajadores, no hablamos de la burocracia sindical petrolera, la que fue en gran medida cómplice de la privatización y de la decena de miles de despedidos y “pueblos fantasma” que la misma generó. Hablamos de los trabajadores petroleros de base y sus delegados más luchadores y combativos, como son las experiencias que se han podido ver en todos estos últimos años en el sur del país y que son los que podrían ejercer este control obrero en beneficio de los explotados y oprimidos del país.
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